PONENCIA DEL ING. HÉCTOR RODRÍGUEZ PIMENTEL, DIRECTOR DEL INDRHI.

PONENCIA DEL ING. HÉCTOR RODRÍGUEZ PIMENTEL, DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDRHI, EN LA CONFERENCIA-PANEL “HACIA UNA LEY GENERAL DE AGUA”, EFECTUADA EL 14 DE JULIO DEL 2008, EN LA FUNDACIÓN GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO (FUNGLODE)

EL AGUA: INSUMO ESENCIAL DE LA VIDA.

Necesidad de una visión integral en su preservación, distribución y uso.

Permítanme, ante todo, agradecer su presencia en este importante evento internacional, donde, auxiliados de las experiencias y conocimientos de los representantes de países amigos que hoy nos acompañan, pretendemos delinear los aspectos fundamentales para la conformación de un proyecto de Ley de Agua en nuestro país, que modernice nuestra legislación actual y nos permita manejar con mayor eficiencia y racionalidad los recursos hídricos de que disponemos.

Han sido muchos los mensajes y acciones coyunturales que se han repetido en nuestros países, orientados a la creación de conciencia en la gente en torno a la necesidad del uso racional y la preservación de este vital recurso natural, pero no obstante,  en la mayoría de los casos no se ha logrado el cometido, y más bien asistimos a un progresivo deterioro de las fuentes de agua, con todas las consecuencias que esto implica para la producción agroalimentaria, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Como es conocido, en casi todas las naciones del planeta existen grandes preocupaciones por la disminución, cada vez mayor, de los volúmenes de agua disponibles para satisfacer las necesidades humanas y el desarrollo económico,  mientras se pierden y se explotan indiscriminadamente millones de metros cúbicos de agua, en cuya preservación, operación y conducción el Estado invierte cuantiosas sumas de recursos provenientes de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Los problemas que ya se generan en muchos de nuestros países,  como consecuencia de la escasez y la contaminación de las aguas,  son tan preocupantes que reconocidos estudiosos de la materia afirman que en un futuro no lejano, esto podría ser causa directa de grandes conflictos y confrontaciones humanas.

        Este panorama inquietante, ha comenzado a ser enfrentado en varios países, mediante la creación de legislaciones modernas que establecen de manera clara y categórica la existencia de un  Órgano Rector de las Aguas, que integra de manera armónica y bajo una definida política de Estado, todo lo concerniente a la administración, preservación, operación y conducción del recurso agua, desde su generación hasta sus múltiples usos. 

La experiencia obtenida en este sentido por países hermanos como México, Brasil y Chile, entre otros, está dando positivos resultados, lo que pudimos comprobar personalmente, junto a un equipo de técnicos del INDRHI, en visitas de intercambio que hicimos recientemente a esas naciones.

Este Órgano Rector, que no es beneficiario directo del uso final del agua se constituye en un arbitro justo, cuya misión y responsabilidad sería garantizar que se mantenga un suministro estable  y suficiente, en cantidad y en calidad, dirigido a satisfacer las necesidades de consumo humano, de riego agrícola, de hidroelectricidad y de suministro a la industria, en este mismo orden de prioridades.

Se trata, pues,  del establecimiento de un sistema participativo, democrático e incluyente que involucre a todas las instituciones relacionadas con el agua y a los sectores representativos de las comunidades, integrados en comités de manejo de cuencas, que convierta a los propios usuarios del agua en actores  fundamentales y en vigilantes permanentes del cuidado y de la preservación de los ríos, presas, canales, acuíferos y reservorios con el objetivo de inculcar en estos sectores el sentido de pertenencia y de protección de este imprescindible recurso natural.

Bajo este efectivo esquema, el Órgano Rector de las Aguas asume la responsabilidad y el control de todo el proceso hasta poner este recurso  a disposición de los usuarios,  por cuyo aprovechamiento  los mismos deberán  aportar  una  cuota de recuperación, como justa contribución al mantenimiento y la operación que requiere el manejo adecuado de los sistemas de abastecimiento de agua, aliviando de ese modo la pesada  carga presupuestal que recae sobre el Estado, por este concepto.

A modo de ilustración, debemos señalar que al concluir el presente periodo, el gobierno del presidente, doctor Leonel Fernández, habrá realizado inversiones a través del INDRHI, por mas de 7 mil 500 millones de pesos, para garantizar agua potable a la población, riego a la producción agropecuaria, generación hidroeléctrica y la producción industrial.

Es evidente, entonces, que las necesidades de inversión para mantener un suministro de agua acorde a la demanda de los usuarios requiere de extraordinarios  recursos que desbordan la capacidad financiera de cualquier gobierno, y  solo para citar un ejemplo, en la construcción de unas 23 nuevas presas, ya identificadas, y que demanda el país, el Estado deberá invertir en los próximos años más de 60 mil millones de pesos, sin hablar de las demás obras hidráulicas que con urgencia necesita la Nación.

Es obvio, que las ideas e inquietudes que planteamos aquí supone una reforma sustancial  de todo el sector agua de la República Dominicana, a partir de la premisa incontrastable de que el agua tiene que ser vista como un bien fundamentalmente social pero limitado, cuya disponibilidad requiere de grandes y permanentes inversiones para su reposición, por lo que su uso siempre deberá estar normado por  un criterio de ahorro, preservación, equidad y teniendo siempre presente el sagrado interés de la Nación.

Es imperativo, pues, la adopción de un nuevo y moderno estatuto jurídico que reorganice, eficientice y redimensione el rango de importantización del agua, como factor insustituible y determinante para garantizar la alimentación, la salud y el desarrollo económico sostenible.

Es oportuno señalar, que si se relaciona el potencial hídrico de la República Dominicana, estimado en unos 23 mil 500 millones de metros cúbicos por año, con la población total nacional, de unos 9 millones de habitantes, resulta una disponibilidad per capita de alrededor de 2 mil 600 metros cúbicos, cifra que supera  los niveles normalmente aceptados para los países con características similares al nuestro.

Contamos, además, con 32 presas construidas para diversos usos, con una capacidad inicial de almacenamiento de 2 mil 301 millones de metros cúbicos, volumen con el que se riegan alrededor 2 millones 397 mil tareas, de un área total bajo riego de 4 millones 917 mil tareas.

Sin embargo, esto no significa que tengamos una oferta de agua en exceso por habitante, ya que existen limitantes que impiden una mayor eficiencia de su uso, entre las que se encuentra la dispersión en todo el territorio nacional de los mil 197 ríos existentes, donde aproximadamente el 60% de sus aguas se pierde en el mar por no estar regulados o represados.

Asimismo, tenemos la contaminación progresiva, los efectos del cambio climático, la obsolescencia  de la mayoría de los sistemas de riego, entre otros factores que han determinado que de cada 100 metros cúbicos dedicados al riego el 75% se pierde por evaporación, infiltración y por falta o deterioro de diques y represas.

 Es importante saber, que aunque podría parecer una meta quizás ambiciosa, por la magnitud de la inversión requerida, si el país construyera las 23 presas antes señaladas, se incrementaría la disponibilidad de agua potable en unos 493 millones de metros cúbicos, se incorporarían al riego agrícola alrededor de 2 millones de tareas adicionales, se adicionarían 388 GW-HR/AÑO de generación hidroeléctrica y se incrementaría la capacidad de almacenamiento de agua en 2 mil 065 millones de metros cúbicos. Es decir, se duplicaría la disponibilidad de agua potable y de riego en el país.

Es propicio destacar, sin embargo, que con miras a mejorar estos índices el gobierno dominicano impulsa un conjunto de proyectos, que incluye la rehabilitación y modernización de las infraestructuras de riego, la capacitación continua de los regantes y el  fomento de sistemas de riego presurizado, ya sea por goteo o aspersión.

De manera especial, quiero mencionar el proyecto de tecnificación y máximo aprovechamiento de riego que estamos ejecutando en Azua, con una inversión, en la primera etapa, que sobrepasa los 45 millones de dólares, que incorporará al riego unas 300 mil tareas de tierras nuevas en esa importante provincia del sur.

Asimismo, el gobierno está iniciando la construcción de dos importantes presas de uso múltiple, como son Monte Grande en Barahona,  con una inversión de 270 millones de dólares y  Guaiguí  en La Vega, donde serán invertidos 77 millones de dólares y listos en carpeta otros proyectos de gran impacto, ya definidos, para ser  ejecutados en el nuevo gobierno, que se inicia el próximo 16 de agosto.    

El  crecimiento casi geométrico de la demanda de agua potable de la población y de la industria, así como  la  necesidad  de  ampliar  las  áreas  de  riego  para la producción alimentaria y la urgencia de generación de energía sin petróleo, hacen obligatorio la búsqueda de alternativas que economicen y optimicen este recurso escaso, objetivo posible de alcanzar a partir del establecimiento de  una  Ley General de Agua, que termine con la  dispersión  y  la  irracionalidad en su uso y su manejo.

Con este objetivo, de tener en el país una legislación moderna acorde a nuestras necesidades, acudimos a la experiencia en esta materia de los países amigos aquí presentes y firmamos acuerdos de asistencia técnica con la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) de México y con el Departamento Nacional de Obras Contra la Sequía (DNOCS) de Brasil. Esto nos ha permitido presentar hoy, con el co-auspicio de la Fundación Global Democracia Y Desarrollo (FUNGLODE), esta conferencia panel, para esbozar los lineamientos generales del Proyecto de Ley que pretendemos presentar al Poder Ejecutivo próximamente, para que este a su vez lo introduzca al Congreso Nacional.

En ese sentido, hemos conformado una Comisión Técnica Multidisciplinaria, integrada por profesionales del Derecho y especialistas en materia de agua y medio ambiente que trabajará con las Comisiones de Recursos Naturales, Medio Ambiente y de Energía de las Cámaras Legislativas y con los organismos e instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector agua y afines, hasta lograr la legislación requerida.

Le doy paso pues, a las ponencias de nuestros honorables invitados extranjeros.

Muchas gracias,

Ing. Héctor Rodríguez Pimentel,

Director Ejecutivo

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