SANTO DOMINGO.- El pasado viernes, el Presidente de la República, Leonel Fernández, emitió el Decreto No. 530-09, el cual declara de interés nacional la remoción de sedimentos en las cuencas fluviales de los principales ríos del país, a fin de corregir, de manera sostenible, problemas de sedimentación en los cauces y en los embalses de las presas y así reducir el riesgo de inundaciones que pongan en peligro vidas y propiedades en aquellos momentos en que los disturbios tropicales, las vaguadas, las tormentas o los huracanes nos generen intensas precipitaciones que provoquen crecidas de ríos, o llenen los embalses y obliguen a vertidos extraordinarios que inunden grandes regiones.
Este Decreto crea una Comisión que promoverá las canalizaciones y dragados, regulará todo lo relativo al diseño de las obras de encauzamiento de los ríos, promoverá la realización de estudios e investigaciones sobre los procesos  de erosión y sedimentación en ríos y embalses de presas, y patrocinara los trabajos que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas que ameriten obras de rectificación y re encauzamiento de los ríos y conservación de los embalses.

La misma Comisión deberá aprobar, cuando lo considere pertinente, el aprovechamiento de los materiales extraídos o dragados de los ríos y los embalses, utilizando los recursos generados para obras de interés social y desarrollo comunitario relacionadas con el acondicionamiento de las estructuras hidráulicas, con las estructuras viales, con la reforestación de las cuencas hidrográficas o con la educación de la población de la región a la que pertenecen los ríos intervenidos o las presas dragadas.

Dicha Comisión será coordinada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y estará integrada además por la Secretaría de Estado de Obras Públicas, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuestas ante Desastres y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial.

Desde hace muchos años veníamos propugnando, de manera pública, por el dragado de los embalses de nuestras principales presas, ya que la mayoría de ellas han acumulado una extraordinaria cantidad de sedimentos finos y gruesos que reducen su capacidad de almacenamiento de agua, y acortan la vida útil de estas costosísimas infraestructuras hidráulicas, la mayoría de ellas construidas en los gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, y las que cada día son más indispensables para el suministro de agua potable a ciudades como Santo Domingo, Santiago, Moca, San Francisco de Macorís, San Cristóbal y toda la Línea Noroeste,  para el riego agrícola en las zonas de San Cristóbal, Bani, Azua, San Juan de la Maguana, Santiago, Navarrete, Esperanza, Valverde,  Santiago Rodríguez y otras zonas de la Línea Noroeste, así como para la producción de una energia eléctrica, limpia y barata, que suple el 15% de la demanda eléctrica nacional.

Este Decreto 530-09 constituye el primer paso positivo dado por el actual gobierno para el proceso de canalización de los ríos sedimentados y el dragado de los embalses de nuestras presas, ya que ríos como el Bani, Jura, Ocoa, Blanco, Panzo, Barreras y muchos otros de la región suroeste del país, están totalmente sedimentados, lo que provoca que cada vez que llueve intensamente sobre la cuenca alta o media de esos ríos las aguas se salgan de curso arrasando con todas las viviendas y personas que encuentran a su paso.

Basta recordar la tragedia de Jimaní, en el mes de mayo del año 2004, cuando una tormenta tropical descargó 247 milímetros de lluvias, en apenas 6 horas, lo que al ser multiplicado por la extensión superficial de la cuenca del río Blanco representa un aporte de unos 38 millones de metros cúbicos de agua, que corrieron con tal fuerza que destruyeron todas las viviendas de la zona suroeste de Jimaní y mataron más de 1500 personas, entre haitianos y dominicanos, aunque la mayoría de ellos eran haitianos que vivían en el mismo cauce seco del río Blanco, o Soliet, en la parte alta de la cuenca, todos los cuales fueron arrastrados hasta el abanico aluvial de Jimaní, y muchos cadáveres llegaron hasta el lago Enriquillo.

Es importante destacar que si el río Blanco hubiese estado debidamente dragado y canalizado, las víctimas fatales hubiesen sido menores y las viviendas destruidas hubiesen sido pocas, puesto que la crecida máxima generada por esa altísima precipitación pluvial, concentrada sobre una cuenca de muy altas pendientes, donde el río desciende 2000 metros de altura en apenas 20 kilómetros de longitud, hubiese seguido el cauce normal del río, en lugar de desbordarse sobre el tope del abanico aluvial granular de Jimaní.

Y lo peor de todo esto es que lo que pasó en el río Blanco de Jimaní, ya ha sido olvidado por la mayor parte de la población dominicana, incluyendo la propia gente de Jimaní, pues mucha gente sigue viviendo cerca de un cauce que, aunque se le ha construido un muro de gaviones, no ha sido debidamente canalizado con una sección lo suficientemente amplia para que permita transitar la crecida máxima probable de la cuenca.

Igual escenario puede producirse en el río Panzo, de Neiba, en el río Barreras o en el arroyo El Penitente, de La Descubierta, en el río Bani, de Bani, o en los ríos Ocoa y Jura, de Azua, pues solo bastaría que sobre esas cuencas caigan más de 200 milímetros de lluvia, en 6 u 8 horas, para que estos ríos, totalmente sedimentados, se salgan de curso, arrasen con todo lo que encuentren a su paso y produzcan cientos de víctimas mortales, y con el cambio climático producido por el efecto invernadero, o calentamiento excesivo del planeta, durante cada verano tenemos sobre nuestros mares tropicales temperaturas superiores a los 28 grados Celsius, lo que incrementa la generación de vapor de agua, incrementa la formación de nubes cargadas de mucho vapor de agua, e incrementa la frecuencia de los disturbios tropicales, las vaguadas, las tormentas y los huracanes que aportan altos niveles de lluvias en corto tiempo y generan grandes crecidas de los ríos.

Recordemos que durante el paso de la tormenta Noel, a finales de octubre de 2007, el río Bani, por estar sedimentado, se salió de su curso y destruyó una gran cantidad de humildes viviendas que habían sido construidas en sus márgenes, y recordemos también que bajo los efectos de las lluvias producidas por el mismo fenómeno meteorológico, fue necesario abrir las compuertas de la presa de Valdesia provocando que el río Nizao se saliera de curso, provocara grandes daños en toda la cuenca baja y modificara sustancialmente su curso.

Pensemos en las presas de Hatillo y Sabana Yegua, las dos presas más importantes del país, pues cada una de ellas almacena cerca de 400 millones de metros cúbicos de agua, pero la capacidad de vertido de cada una de ellas es inferior a la crecida máxima probable que podría entrar en un momento de precipitación máxima, y las acumulaciones de sedimentos en sus embalses son extraordinarias, lo que amerita un rápido proceso de dragado de cada una de ellas, además de la construcción de nuevos vertederos para casos de emergencias.

Lo cierto es que el Decreto 530-09 marca el punto inicial para el debido mantenimiento a los cauces de nuestros ríos y a nuestros embalses, aunque debemos estar muy pendientes para evitar que una buena intención no sea prostituida, ya que aparecerán muchas personas y empresas, que al amparo de este Decreto querrán emplazarse en los cauces de nuestros ríos para dizque canalizarlos, como se propuso hace ya mucho tiempo en el río Nizao, donde la canalización nunca fue hidráulica ni ambiental, sino una canalización comercial que terminó por dañar el cauce y las márgenes de este importante río.

Toda canalización de nuestros ríos debe ser estrictamente hidráulica y ambiental, no comercial, de forma tal que sólo se remueva o se drague del cauce el material necesario para garantizar el tránsito de la crecida máxima probable, pero no para tener una grancera permanente emplazada en el cauce de la corriente.
(Publicado en el periódico El Día).