Tormentas tropicales, deslizamientos, huracanes, terremotos, los fenómenos del niño y la niña son eventos naturales que impactan seriamente en el desarrollo sostenible de todos los pueblos del Gran Caribe, profundizando las precariedades de los grupos socioeconómicos más vulnerables.
El cambio climático representa entonces una verdadera amenaza para la estabilidad de los países en vías de desarrollo por su gran vulnerabilidad, lo que obliga a pensar en la necesidad de estructurar mecanismos efectivos en el marco nacional, regional e internacional para prevenir y reducir los riesgos inherentes al impacto de estos fenómenos.  
La frecuencia de estos fenómenos se ha incrementado en los últimos tiempos, afectando a grupo de países simultáneamente con el agravante de naciones y territorios que son azotados por más de un fenómeno en una temporada.
Así América Latina representa una de las regiones del mundo más expuestas a las amenazas naturales. Se estima que anualmente ocurre un promedio de 40 desastres importantes. En la última década, estos fenómenos han causado más de 40 millones de damnificados,  45.000 muertos, y pérdidas materiales cuantificadas en más de 20.000 millones de dólares.
Así el año 2005 fue el año en que más tormentas tropicales se han registrado con un total de 26, lo que superó el máximo de 21 contabilizado en 1933. Los desastres naturales y meteorológicos del referido 2005 causaron la muerte de 350.000 personas y provocaron pérdidas económicas por unos 200.000 millones de dólares, conforme a reporte de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada del sistema de las Naciones Unidas.
La Asociación de Estados del Caribe (AEC), comprometida con la elaboración de políticas que contribuyan a frenar el impacto negativo de estos fenómenos, ha venido trabajando seriamente a fin de impulsar la ratificación del tratado para la Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales.
Para tales fines acogió la propuesta presentada por República Dominicana de estructurar un comité permanente de seguimiento a la firma y ratificación de los tratados y convenios de la AEC, con lo que se procura la entrada en vigencia de los instrumentos legales que validen las acciones de la organización regional. República Dominicana fue escogida a unanimidad en calidad de Presidente de dicha comisión especializada.
El Tratado en el marco regional de prevención y mitigación de los desastres naturales, que fue elaborado en Santo Domingo a raíz de la cumbre de Jefes de Gobierno, en abril del 1999, aún requiere de cinco ratificaciones para entrar en vigor. Como está estatuido en el convenio de la AEC, para poner en ejecución dicho tratado se requieren de dos tercios de veinticinco, es decir, 17 miembros. Actualmente y como consecuencia de un proceso de concienciación sobre la importancia de la entrada en vigencia de dicho tratado se han logrado doce ratificaciones.
Sobre este particular convenio, es justo preguntarse: ¿cuál de los territorios de los Estados miembros del organismo regional no ha sufrido el impacto negativo en el orden humano, económico y social que generan los fenómenos naturales, tales como huracanes, ciclones, terremotos, tornados y deslizamientos con todas sus secuelas?
En la región se conocen casos en que el 90% del territorio nacional ha sido afectado; en otros en menor proporción, pero siempre impactando seriamente con perdidas humanas y financieras en los países miembros y miembros asociados de la AEC.
De modo que la región necesita diseñar como está establecido en el acuerdo, un sistema de cooperación efectivo en esta materia, que pueda conllevar al establecimiento de fondos nacionales así como regional, para 1) mejorar la capacidad de prevención y respuestas de los Estados, y 2) mitigar los efectos demoledores de los referidos desastres naturales. Así que, las necesidades son precisas y demandan atención empezando por la ratificación del presente convenio. (Publicado en el Listín Diario)