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Buscan reducir vulnerabilidad a desastres

SANTO DOMINGO.-  A conciencia de que preparación, prevención e información son las palabras claves para reducir los riesgos de un desastre, existe un programa que se ha planteado esa meta, a partir de esas tres líneas de acción y mediante un trabajo coordinado con los organismos de primera respuesta.

Se trata del Programa de Prevención y Preparación ante Desastres Naturales, realizado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se inició en septiembre de 2006 para un período de tres años, a un costo ascendente a RD$300 millones, financiado por la Unión Europea.

"Queremos reducir las pérdidas humanas, económicas, medioambientales y sociales por desastres mediante acciones de fortalecimiento de las instituciones del Estado a nivel central, regional, provincial y municipal", explicó Marc Van Wynsberghe, coordinador internacional del programa.

Las acciones se realizan en coordinación con los organismos de primera respuesta, como el Centro de Operaciones de Emergencia, la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), la Cruz Roja Dominicana, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y las Secretarías de Salud Pública y Medio Ambiente.

Como espacio de prueba se ha escogido el Nordeste, "porque queremos tener una zona de impacto, y esta región incluye toda la problemática del Bajo Yuna, las inundaciones del río Boba, de Nagua; los deslizamientos en Sánchez y la inestabilidad de suelos de Salcedo", explicó Van Wynsberghe.

En materia de información, el programa trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos y sistemas para generarla y difundirla. En ese sentido, ha apoyado con equipos a Onamet y el Indrhi.

"Estamos fortaleciendo la red telemétrica en el país, con antenas que toman en tiempo real la cantidad de agua, el viento, la radiación solar y la temperatura en diferentes puntos del país", indicó Van Wynsberghe.

El programa, además, respalda al COE en lo referente a la emisión de las alertas, tratando de que sean más precisas y detalladas, y de que lleguen a tiempo a las comunidades que más las necesitan.

Pero la línea de acción que representa el mayor reto para el programa es la preparación, pues encierra al factor infraestructuras, cuya vulnerabilidad es una de las principales causas de muertes en casos de desastres. Dentro de esa preocupación se enmarca un plan de mitigación de daños a las infraestructuras en el Bajo Yuna.

En el componente preparación, el programa ha suministrado equipos a 17 hospitales del Nordeste; la Defensa Civil y la Cruz Roja. También han sido dotadas de radios de comunicación las instituciones de la región.

El programa tiene en proyecto la construcción de dos almacenes en la nueva autopista del Nordeste, que sirvan a la vez como centro de operaciones, uno para la Cruz Roja y otro para la Defensa Civil.

En el área de preparación, el programa también ha impartido dos diplomados en gestión de riesgos dirigidos a funcionarios públicos y ha trabajado en la conformación de un equipo nacional de evaluación de daños por desastres.

La parte de prevención del programa tiene dos vertientes que son, un plan contra incendios forestales, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, y otro de apoyo institucional a la Comisión Nacional de Emergencia.

En esta área, el programa ha apoyado el nacimiento del Comité Técnico de Prevención y Mitigación para lograr que se convierta en un espacio de reflexión.

Lo que falta

Al evaluar la actuación de los organismos de primera respuesta ante los últimos fenómenos que afectaron al país, Van Wynsberghe dijo que se verificó la tendencia mundial a la disminución de víctimas por desastres, "lo que quiere decir que la preparación funciona".

Sin embargo, consideró que hace falta fortalecer el sistema para responder a eventos de mucho más magnitud. "Necesitamos más coordinación, mecanismos más ágiles", sostuvo.

También faltan, a su juicio, más institucionalidad, recursos, profesionalización, mejorar la calidad de la alerta temprana, crear una red de sistemas de información entre entidades públicas y, sobre todo, reducir los factores de riesgo, comenzando por decir "ya basta" a las familias que intenten asentarse en zonas vulnerables y buscarles alternativas a las que ya lo están.

(Tomado de Diario Libre. 17-9-08)

   
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